ESCUADRON DE LA MUERTE: teoría se queda sin balas

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ESCUADRON DE LA MUERTE: teoría se queda sin balas

Cuando muchos esperaban que el viceministro del Interior, Rubén Vargas, confirmara quiénes conformaban y cómo operó el supuesto “Escuadrón de la Muerte” que había anunciado el ministro Carlos Basombrío desde fines del mes de julio, el informe con las conclusiones sobre tan grave acusación no pudo dar siquiera un nombre o hecho concreto que reafirme los dichos expresados por altos voceros del sector Interior y que llevó a que un sector de la prensa califique hasta de “asesinos” a efectivos policiales sobre quienes se abrió la sospecha de incurrir en actos ilícitos. Algo similar ocurrió la tarde del viernes durante la presentación de ex defensor del lector ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso. Durante casi tres horas, Basombrío difundió la tesis de un irregular Geico (Grupo Especial Contra el Crimen Organizado). Dijo que “un pequeño grupo irregular” sembró falsa información de inteligencia para operativos policiales. CON USTEDES NO ES Pero a las siete de la mañana del lunes 22 de agosto, horas antes de la presentación oficial del “informe”, el titular del Mininter había acudido a la base central de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) en un aparente intento de curarse en salud luego de acusar a casi cien policías de asesinar delincuentes para obtener ascensos o más dinero. “Estén tranquilos, con ustedes no es”, les había dicho a los efectivos, quienes no sabían si aplaudirlo o abuchearlo, luego de ser involucrados en numerosas declaraciones del ministro a la prensa. Sin embargo, tres efectivos le dijeron –respetuosa pero enérgicamente- que se les había expuesto como delincuentes por simplemente cumplir su deber. El ministro ya estaba enterado de que, al día siguiente, familiares del personal policial tenían planeado un plantón frente a su oficina de la urbanización Corpac, como efectivamente ocurrió. Decenas de personas, encabezadas por el suboficial de segunda Jhon Ataucuri Cueva, armaron una sonora protesta, la cual obligó a que el coronel César Lara, de la alta dirección de Interior, lo hicieran pasar con una pequeña delegación. El azul trazado sobre improvisadas pancartas de papel tenía tanta o más fuerza que el informe del viceministro Vargas: “Señor ministro, los buenos policías esperan sus disculpas” y “Ahora su sueldo lo paga el Estado, no las ONG”. INFORME SIN ACUSACIÓN “Vamos a morir enfrentando a la delincuencia, porque esa es la SUAT, la Policía que investiga, que como ha hecho intervenciones, buenos trabajos, está siendo involucrada en denuncias. Entonces, que los policías no trabajen, no intervengan, no hagan nada, porque los van a investigar, y al final van a ser denunciados”, se quejó Ataucuri a su salida de la sede ministerial. “Este es uno de los hechos más atroces en la historia de Policía y los responsables están claramente identificados”, había dicho Basombrío a la prensa internacional una semana antes. El ex defensor del lector hablaba de seis supuestos operativos montados para asesinar delincuentes poco peligrosos para lograr ascensos, presupuesto para Inteligencia o incluso evitar que se delaten hechos de corrupción institucional. Pero, ¿cómo probar que 97 miembros de la Policía Nacional se habían organizado para asesinar delincuentes? La inspectora general del Interior, Susana Silva Hasembank; el general PNP (r) Luis Montoya Villanueva; y el abogado Luis Naldos Blanco se encargarían de ultimar la redacción del informe encargado. Lo hicieron y lo presentaron, pero el informe se cuidaba de no acusar a nadie. “Ya no estoy en la comisión desde el 9 de agosto, hice efectiva mi renuncia a las nueve de la mañana por motivos personales. El encargo que nos dieron no fue investigar, solo ver qué había hecho Inspectoría. Si me hubieran puesto a investigar, me habría opuesto. Lo nuestro era netamente administrativo”, revela Montoya a MANIFIESTO. VERSIÓN AVENTURERA El exdirector general de la PNP había recibido la supuesta denuncia hace meses, pero ante nosotros se animó a cuestionar la acusación a priori que el ministro había hecho sobre decenas de policías que supuestamente se dedicaban a matar criminales para obtener beneficios particulares. “Para existir, un escuadrón debe cumplir 4 o 5 requisitos. Uno es la convicción de hacer justicia por propia mano, otro es tener un liderazgo marcado, ser clandestinos, actuar porque las autoridades judiciales no sentencian como ellos quisieran y no pasar de 8 miembros, por la necesidad de compartimentaje y secretismo. Ninguna de esas condiciones se cumple”, asegura Montoya. Aclara, sin embargo, que él está a favor de que el Ministerio Público investigue caso por caso para determinar si hubo algún exceso, pero se ratifica en que “ha sido muy aventurero hablar de un escuadrón de la muerte con la prensa, con presencia de prensa, cuando en esos operativos participaron varias unidades como SUAT, Inteligencia, Dirincri, etcétera”. Entretanto, el comandante PNP Enrique Prado Ravines y el resto de efectivos implicados eran impedidos de hablar con la prensa para dar sus descargos. Si bien Prado aprovechó su pedido de vacaciones para defenderse públicamente, ni el general Vicente Álvarez (jefe de Dircote cuando actuaba el supuesto “Escuadrón de la Muerte”) ni decenas de miembros de la PNP han podido hacerlo. INVESTIGANDO REFRITOS Quien sí decidió hablar con MANIFIESTO es el Ministerio Público. Revisando la documentación existente queda al descubierto algo que ni Basombrío ni sus funcionarios y voceros han querido resaltar: por lo menos en cuatro oportunidades las investigaciones fiscales fueron archivadas, y además un testigo ha acusado a los autores del Informe 08 de Inspectoría PNP, de coaccionarlo para que acuse a los policías que lo rescataron. El caso de Puente Piedra es clave para todo: ese 18 de noviembre de 2012 muere abatido el teniente PNP Israel Moreno Goyoneche, quien integraba una banda de presuntos secuestradores con los también muertos SOB2 Víctor Monggo Valera y SOT3 Roger Manrique Torres. Moreno era hermano del comandante PNP Franco Moreno Panta, actualmente a cargo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Según la “Tesis Escuadrón”, Prado Ravines daba información de Inteligencia a unidades como la Subunidad de Acciones Tácticas para que maten hampones y logren el reconocimiento –moral o económico- de sus superiores. El comandante Moreno tuvo un precursor en acusar, en su calidad de familiar de un presunto delincuente, a los efectivos que acabaron con sus días de crimen: el expolicía Roger Manrique, padre de uno de los abatidos. Él denunció por “encubrimiento real y asociación ilícita para delinquir” a los oficiales y suboficiales, y ante la Fiscalía de Puente Piedra indicó que un oficial de Inteligencia había llegado a “inducir al delito a personas o engañándoles para que cometan ilícitos penales en banda”. El caso fue archivado por Resolución Fiscal del 2 septiembre de 2013. Hubo apelación, pero el 4 de mayo de 2015, la titular de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra, Gladys Gonzales Obando, dio cuenta del Ingreso Nro. 1389–2012, en que se archivaba nuevamente. “No haber mérito para formalizar denuncia penal contra César Cortijo Arrieta (entonces jefe de Dirincri), miembros de subunidad de acciones tácticas SUAT, miembros de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y de la División de Robos de la PNP y los que resulten responsables”, señala el Ministerio Público. ¿Ignoraba esto Basombrío cuando sentenciaba por anticipado que sí existía un Escuadrón de la Muerte? VERSIONES FALSAS Como una golondrina no hace un verano, y un caso archivado por la Fiscalía no demuestra que todos los operativos vinculados a muertes extrajudiciales se realizaron conforme a ley, había que verificar si era el único. Y no lo era. El 4 de diciembre de 2013, seis miembros de Los Norteños resultaron muertos en Lambayeque. También se ha atribuido esta acción policial al supuesto “Escuadrón de la Muerte”. En esta ocasión, se pasaba de una acusación de homicidio a una de “lesa humanidad”, en que intervinieron directamente el coronel Édgar Aybar y el mayor José Santillán, en representación de Inspectoría PNP. Pero si bien Manuel Jesús Coronel Cieza, conocido en tierras moches como “El Rey del King Kong”, ha aparecido hace unos días para decir que no conocía todos los detalles de su frustrado secuestro, existe una declaración jurada suya ante diferentes notarios, del 16 de marzo de 2015, en la cual revela que Aybar y Santillán le habrían propuesto cambiar de versión para inculpar a otros policías. “Dándome ambos oficiales PNP una versión inverosímil e irreal a los verdaderos hechos ocasionados en esa oportunidad intentando inducirme a dar una versión falsa, aduciendo que fue un exceso policial, que los delincuentes abatidos solo fugaban por mi propiedad, siendo lo más grave que el personal habría hecho ingresar por la fuerza a los delincuentes comunes a mi domicilio y luego los acribillaron y sembraron armas”, se lee textualmente. Hasta el momento, ni Aybar ni Santillán han podido expresarse respecto de esta acusación, ya que no han obtenido permiso de sus superiores, tal como los efectivos en actividad denunciados en el célebre Informe 08. INVESTIGACIÓN CON TRUCO “Asimismo, indicaron que tenía que rendir mi declaración escrita, la misma que ya estaba redactada, y que no me quitarían mucho tiempo, respondiéndoles que estaban equivocados y que yo me ratificaba en lo declarado ante el Ministerio Público”, agrega en su declaración jurada Coronel Cieza. De acuerdo con la “Tesis Escuadrón”, este fue un operativo armado falsamente para ejecutar a los hampones y obtener ascensos, a tal punto que luego tres oficiales obtuvieron la promoción esperada. Pero, como se observa, la declaración jurada del “Rey del King Kong” cuestiona el método de los inspectores para llegar a esta posición. Algo similar se aprecia en el caso Chincha, ocurrido cuando era ministro del Interior Daniel Urresti. El polémico personaje incluso condecoró a miembros de la SUAT que habían abatido a cuatro criminales el 20 de septiembre de 2013 en Grocio Prado. Este caso sí está abierto en la Fiscalía Penal, pero la defensa de la PNP ha cuestionado los procedimientos seguidos. “No han hecho la reconstrucción de los hechos y ya alguien está hablando de ejecución, del ángulo de entrada de disparos. Por favor, si los policías ejecutaran a corta distancia con sus armas, les abren el cuerpo. Esa tesis de ejecuciones se cae sola”, han señalado los abogados. A esto se suma una increíble superposición de investigaciones fiscales en este caso, que de por sí darían argumento para echar abajo todo el proceso. El miércoles 24 de agosto, la Fiscalía Provincial Penal de Chincha presentó en audiencia al Poder Judicial, “nuevos argumentos” para pedir prisión preventiva contra efectivos SUAT que abatieron a los delincuentes. Como esto necesitaba una respuesta de la defensa, legal, los jueces resolverían recién el 7 de septiembre. Sin embargo, ya el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado –a cargo de Álvaro Rodas– llevaría todos los casos. “Nadie puede ser investigado dos veces por el mismo hecho, y en instancias fiscales paralelas”, sostiene Eber Álvarez, abogado del comandante Prado Ravines. Para colmo, el caso Puente Piedra ya fue archivado varias veces por “exención de responsabilidad” respecto de la unidad operativa que lo ejecutó, la SUAT. Y como no hay indicios en contra de la versión de que los 4 delincuentes fueron abatidos en un tiroteo, no se podría reabrir, de modo que la tan publicitada investigación impulsada por el ministro Basombrío ha nacido muerta. ¿Llamará a la prensa internacional para aceptarlo? Prado: Culpable de hablar con la prensa Presentado como un asesino e instigador de asesinatos, el comandante PNP Enrique Prado Ravines terminó recibiendo una sanción desde Inspectoría de la Policía: lo suspendieron un año sin goce de haber por haber declarado públicamente su inocencia. “Al final, de todo lo que habló el ministro Basombrío, el crimen de mi hermano es haber hablado con la prensa. Luego de que declaró a un canal, le mandaron una carta señalando que si lo hacía de nuevo, lo sancionaban. No declaró de nuevo, pero igual lo han castigado de esta forma abusiva y excesiva”, señaló Cecilia Prado, hermana del oficial. Esto confirmaría lo que el exministro Daniel Urresti había adelantado. “Yo metí presos a policías malos por narcotráfico, pero el ministro Basombrío sale a decir que va a botar. La cosa es botar gente”, respondió sobre quién se beneficiaba y quién se perjudicaba con este escándalo.

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